La Convención sobre Municiones en Racimo, el caso de Chile
Vigente desde: 1º de junio de 2011
Publicada en Diario Oficial: 2 de agosto de 2011
El Senado de la República aprobó el 18 de mayo de 2010 la Convención sobre Municiones en Racimo, también conocida como Convención de Oslo, firmada por Chile en diciembre de 2008. El apoyo unánime del Senado se refleja en un amplio y transversal apoyo político al concurrir todos los Senadores presentes en la Sala con su voto favorable, de la misma forma en que fue aprobada, en su oportunidad, la Convención de Ottawa que prohíbe las minas antipersonal.
Ambos instrumentos internacionales, jurídicamente vinculantes, corresponden a un logro de la sociedad civil, de nosotros los ciudadanos, que organizados y convocados por International Campaign to Ban Landmines y Cluster Munition Coalition, fuimos capaces de demostrar a los Estados y Gobiernos el grave daño producido a las personas y comunidades afectadas por el uso de armas que no discriminan entre civiles y militares, incluso en tiempos de paz. Además del severo perjuicio al desarrollo y al medio ambiente.
Chile fue sede de la Conferencia Internacional sobre Municiones en Racimo (7 al 12 de junio) a la que asistieron más de 80 Estados, 130 ONGs de todo el mundo y las agencias especializadas de la ONU (UNMAS, UNDP), que, junto al Foro Parlamentario, buscan universalizar y lograr que más Estados firmen y ratifiquen la Convención de Oslo, que entra en vigor el próximo 1º de agosto. Sin duda un honor para nosotros como país recibir a la comunidad internacional especializada en minas antipersonal y municiones en racimo, pero también un desafío porque a la fecha la gran deuda de nuestro país es con las víctimas civiles, con la falta de programas permanentes de educación sobre el riesgo y de cambiar el eje o visión militar de la solución del problema, a una visión integrada con los expertos civiles y especialmente con las comunidades y regiones afectadas (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Magallanes).
Como sede de una Conferencia de tal magnitud nos obliga, como país, a revisar las políticas y acciones del Estado (por cierto de los Gobiernos de los últimos años) donde podremos apreciar una falta de consecuencia con lo expresado por diversas autoridades en diferentes foros: el compromiso con los civiles afectados. Y obviamente obliga a las nuevas autoridades a actuar en consecuencia.
Desde 1971 podemos confirmar casos que han afectado a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que viven las consecuencias de un accidente con minas antipersonal, minas antitanque, munición militar sin estallar y/o abandonada. Accidentes que pueden volver a ocurrir en cualquier momento, porque el peligro existe, es real y letal. Con municiones en racimo tenemos el caso de la explosión de la Planta Nº 3 de Industrias Cardoen en Alto Hospicio (25 de enero de 1986), donde fallecen 29 trabajadores, que da cuenta del alto nivel de riesgo y devastación que pueden generar las municiones en racimo desde que se inicia su fabricación.
Además de las consecuencias humanitarias, devastadoras para más de cien familias en el país, tenemos el problema que significa tener territorios contaminados por zonas minadas en aquellas regiones donde promocionamos y ofrecemos nuestro país con una geografía de gran valor paisajistico, con biodiversidad reconocida, donde la naturaleza pasa a ser nuestro principal “recurso turístico”. El caso del sector Laguna Figueroa con zonas minadas a orillas del camino, en el camino que une Puerto Natales con Torres del Paine, es un claro ejemplo de ello.
Recursos más, recursos menos, la prioridad va de acuerdo a una “planificación” y a una Directiva Nacional que es elaborada sin el concurso de la sociedad civil (profesionales expertos, universidades, centros de estudio, etc.) ¿Qué debemos esperar? Una tragedia de proporciones?
Los esfuerzos de militares en operaciones de desminado en condiciones extremas en nuestro país debe necesariamente tener un equilibrio con las acciones civiles humanitarias. Un ejemplo: El año 2008 el Gobierno de la Presidenta Bachelet gasto 10 millones de dólares en comprar cinco maquinas destinadas al Ejército para desminado, versus, NADA para la asistencia integral a las víctimas y a los programas de prevención, como acciones contempladas en las obligaciones de la Convención de Ottawa. ¿Quién puede explicar esa diferencia o “criterio” en el gasto público?
Con la Convención de Oslo falta que reconozcamos que somos un país afectado: tenemos víctimas civiles, territorio contaminado al probarse las bombas fabricadas en Chile y las usadas por las FFAA en sus ejercicios (existe una tasa de falla) y tenemos un stocks de 249 municiones en racimo. Como país que forma parte de la Red de Seguridad Humana no podemos mantener esta situación. Primero por las víctimas civiles y sus familias, segundo con los territorios afectados y tercero poniendo en riesgo nuestras áreas de desarrollo.
Ahora, como sede de la Conferencia, tenemos la obligación de mostrar una voluntad que se manifieste en los hechos. De la misma forma que lo dijo el ex Ministro de Defensa Sr. Vidal en una Conferencia similar: “hechos, hechos… no palabras”. Todavía las víctimas civiles esperan esos “hechos”, todavía esperamos la respuesta del ex Ministro Vidal a la carta entregada por el Grupo de Víctimas.
Y la gran apuesta, el gran desafío lanzado por el Canciller Moreno. El llamado e invitación realizado a Perú para ratificar en conjunto la Convención de Oslo es una propuesta que apoyamos, ya que obliga a ambos países a romper el juego de "guerra fría" entre quien tiene más o menos stocks de estas municiones, misma situación que se vivió con la Convención de Ottawa. Pero nosotros como Centro Zona Minada y Grupo de Víctimas hacemos un llamado a los Gobiernos no solo de Perú y Chile, sino que a Argentina y Brasil, para destruir los stocks de municiones en racimo a la brevedad. Ya sean de derechas o izquierdas, los Gobiernos tienen una obligación con nosotros los ciudadanos que no queremos conflictos armados, no queremos amenazas a nuestra seguridad humana, concepto tan manipulado y usado hasta el cansancio en las conferencias. La voluntad real se manifiesta ratificando y eliminando la amenaza de los stocks.
Apoyamos al Canciller Moreno, pero le pedimos que esa convocatoria al Perú sea acompañada de la destrucción de stocks. Puede contar con nuestra experiencia para verificar el proceso, ya que como lo dijo el mismo Canciller Moreno en su discurso: "la sociedad civil es una suerte de "auditoría" de lo que deciden los Estados".
